Cómo será la bajada del precio de la luz y gas en hogares

La crisis internacional iniciada a raíz de la invasión en Ucrania ha acelerado aún más la escalada de precios en el sector de la energía que los países intentan frenar a través de varias vías que incluyen la exploración de alternativas de suministro y la adopción de medidas. Entre tales medidas, España plantea un plan para intervenir el precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad limitando el coste del gas y los combustibles fósiles. La alteración de precios se debe a la utilización del gas en la producción de electricidad, por lo que cada euro que sube el precio del gas tiene un impacto inmediato en el mercado mayorista de la luz.  De ahí que el reto compartido por los Estados Miembros de la Unión Europea pasa por alcanzar la autonomía energética e incrementar la competitividad a través de las renovables lo que repercutiría en la estabilidad de precios, además de los beneficios en términos de eficiencia y sostenibilidad. El primer objetivo es la descarbonización para lo que España cuenta con una posición aventajada al ser un país con alta capacidad de generar energía de origen renovable, cómo la solar y la eólica que ya producen el 50 % de la electricidad necesaria. Sin embargo, el talón de Aquiles en nuestro país para avanzar en la transición es el transporte, actualmente responsable del 25 % de emisiones, por lo que se precisa un cambio urgente a la movilidad eléctrica. También son puntos vulnerables el uso mayoritario de combustibles fósiles, tanto en el sistema de calefacción de la mayoría de hogares como en la producción industrial y agraria.

¿Qué medidas plantea España y cuándo se notarían en la factura de luz?

Ante este escenario, nuestro país se plantea limitar el precio del combustible y del gas que se usa en las centrales eléctricas para rebajar, de esta manera, el precio de la luz respecto a la que se pretende fijar dos precios distintos para compensar los costes. El programa, que incluye a Portugal como aliada peninsular, debe recibir el aprobado por parte de la Comisión Europea. La postura común en Europa, sin embargo, es contraria a intervenir el mercado mayorista, aunque se reconoce la necesidad de introducir medidas que protejan más a los consumidores domésticos ante las constantes subidas de precios. Frente a la resistencia mayoritaria a intervenir el mercado, España y Portugal pretenden fijar topes en el mercado eléctrico en torno a los 180 euros lo que tendría un impacto inmediato en la factura de luz de los consumidores acogidos a la tarifa PVPC del mercado protegido y, a medio plazo, alcanzaría a las ofertas de luz del mercado libre. Los gobiernos ibéricos pretenden sufragar el coste del plan mediante el prorrateo en todas las franjas horarias lo que daría lugar a una segunda tarifa marginal y, a la espera de que Bruselas se pronuncie sobre la “excepción ibérica”, se estudia prorrogar las medidas de protección para consumidores vulnerables.